El Gobierno panameño tomó control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC). La administración del presidente José Raúl Mulino ejecutó un plan coordinado que incluye contratos temporales por 18 meses con las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) para garantizar la continuidad operativa.
Un plan preparado con anticipación
Según explicó el presidente Mulino, el Ejecutivo trabajó durante meses en diferentes escenarios, incluyendo la posibilidad del fallo de inconstitucionalidad, que describió como «el escenario menos deseado». El mandatario reveló que se prepararon múltiples planes de contingencia con equipos legales, financieros y técnicos.
«Teníamos una pizarra en una de las oficinas de la presidencia donde desde hace tiempo habíamos estado analizando Plan A, Plan B, Plan C, Plan D… y en una esquina teníamos ‘fallo de la corte’ porque era el escenario menos deseado».
Esta preparación permitió que la transición se realizara sin interrumpir las operaciones portuarias, protegiendo más de 7,000 empleos directos y la estabilidad de la cadena logística nacional.
Garantías laborales y operativas
El Ministerio de Trabajo confirmó que todos los derechos laborales, incluyendo antigüedad y beneficios, están garantizados bajo los nuevos operadores temporales. Un punto crucial es que empresas como Servisa, que emplea a más de 2,000 trabajadores portuarios, mantendrán sus contratos con los nuevos operadores.
«Los 7,000 trabajadores no tienen nada de qué preocuparse, todo se ha blindado tanto con Maersk como con MSC para que sus salarios, derechos laborales y antigüedad se mantengan intactos», explicó la ministra de Trabajo durante el anuncio.
El futuro de las operaciones portuarias
El Ejecutivo anunció que se prepara una licitación internacional para la operación permanente de ambos puertos, proceso que se desarrollará durante los 18 meses de la administración temporal. Una decisión clave es que no se permitirá que una sola empresa maneje tanto el puerto del Pacífico como el del Atlántico.
Sobre la posibilidad de que Panama Ports participe en la futura licitación, el presidente Mulino indicó que los términos de referencia determinarán las condiciones de participación, sin adelantar si empresas con arbitrajes pendientes contra el Estado podrán participar.
Implicaciones internacionales
La decisión ha captado la atención de medios internacionales como Bloomberg y CNN, dado el papel estratégico de los puertos panameños en el comercio mundial. El gobierno enfatiza que esta acción representa un ejercicio legítimo de soberanía basado en un fallo judicial, mientras mantiene la continuidad operativa que el comercio internacional requiere.
Breviario: Conceptos Clave
- Decreto de ocupación: Figura legal contemplada en la legislación panameña que permite al Estado tomar control de instalaciones estratégicas sin constituir una expropiación.
- Sustracción de materia: Término legal que ocurre cuando desaparecen los presupuestos que originaron una controversia judicial, haciendo innecesario un pronunciamiento de fondo.
- Arbitraje internacional: Mecanismo de resolución de disputas entre Estados y empresas extranjeras, contemplado en contratos-ley y tratados de inversión.
Antecedentes y controversias
La decisión culmina años de cuestionamientos sobre la gestión de Panama Ports, incluyendo denuncias sobre subarrendamiento irregular de terrenos estatales y falta de transparencia en sus operaciones. El contrato había sido objeto de críticas desde su firma durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, con sucesivos gobiernos que «miraron hacia otro lado», según análisis de expertos.
«Desde el presidente Pérez Balladares hasta el presidente Cortizo, todos miraron para otro lado con el tema Panama Ports, todos sin excepción», señaló un analista del sector marítimo.
La controversia se intensificó durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando se intentó una prórroga del contrato por 20-25 años adicionales, decisión que generó múltiples cuestionamientos y eventualmente llevó a la demanda de inconstitucionalidad.