La Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el proyecto que busca hacer obligatorio el uso de bioetanol E10 en la gasolina que se comercializa en Panamá, en medio de un contexto de alzas en los precios de los combustibles que ha llevado al Gobierno a anunciar medidas de contingencia.
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, defendió la obligatoriedad del bioetanol argumentando limitaciones de infraestructura: «No hacerlo obligatorio implicaría que toda la cadena de suministro nacional, desde las terminales hasta las estaciones de combustible, tendrían que duplicar infraestructuras, lo que produciría aumentos en los costos».
Plan de contingencia ante alza de combustibles
En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó un paquete de medidas por $43.7 millones para apoyar al sector agropecuario y mitigar el impacto del alza en los combustibles. El plan incluye compensación de precios y pago de vigencias expiradas para resguardar la seguridad alimentaria.
«Vamos a mantener sin cambios el precio del pasaje de Mi Bus, Metro, el gas subsidiado de 25 libras y la tarifa eléctrica para consumos hasta 300 kWh», confirmó el ministro de Economía y Finanzas.
Impacto en el sector transporte
El sector de transporte de carga ya enfrenta un aumento del 34% en su factura de combustible, situación que podría trasladarse a los precios de los productos básicos. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha advertido sobre especulación en algunas estaciones de combustible que anticiparon el alza de precios.
Contexto internacional
La situación se enmarca en el contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, que afecta directamente a Panamá como país importador. Los expertos señalan que el conflicto se ha trasladado del ámbito bélico al económico, impactando el comercio global de hidrocarburos y fertilizantes.
El Gobierno también anunció que evaluará medidas como el teletrabajo y acciones para evitar la especulación en precios de alimentos, mientras mantiene los subsidios vigentes en servicios básicos como parte de su estrategia para proteger a los sectores más vulnerables.